Se estudia el papel del archivo como institución restauradora de los valores democráticos
de verdad, reparación y justicia en aquellos países que fueron sometidos a formas de gobierno
autoritarias durante el pasado siglo XX. Asimismo, se procede al análisis de los principios
básicos que rigen la buena praxis de los gestores de documentos como sujetos activos en la
defensa de los derechos humanos, en las labores de su especialidad, tales como la conservación,
el acceso a la información, las garantías especiales que ofrecen los archivos, las tareas de
formación y difusión, y las libertades de expresión y asociación de esta comunidad. Por último,
se presenta una explicación de las diferentes tareas prácticas que realiza el archivero especialista
en derechos humanos en torno a las directrices organizativas previas, las tareas de gestión
habituales y la prestación de servicios a particulares, investigadores, comisionistas, y órganos de
justicia. Se toma una muestra de experiencias archivísticas donde se plasma el corpus teórico
antedicho (historia del archivo, operaciones de gestión y servicios), se muestra preferencia por el
ámbito europeo occidental y latinoamericano. Las instituciones seleccionadas fueron, el Archivo
Histórico de la Policía Nacional de Guatemala; el Archivo de la División de Inteligencia de la
Policía de Buenos Aires; el Proyecto Memorias Reveladas del Archivo Nacional de Brasil; la
Fundación de documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad en Chile; el Centro de
documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos en Paraguay; los Archivos de
la Stasi en Alemania; el Centro Documental de la Memoria Histórica en España y el Arquivo
Nacional da Torre do Tombo en Portugal. Finalmente, se muestra una breve selección de casos
en los que se demuestra el valor atestiguante de los documentos de archivo durante los procesos
judiciales. Al igual que sucede en estudios y revisiones bibliográficas similares, se constata la
utilidad de los archivos como una herramienta indispensable en el Estado Social de Derecho para
la pervivencia de los valores que sostienen a una democracia. Algunas de las imperfecciones
observadas están relacionadas con la pobre autonomía del archivero, la falta de legislación
específica que regule el acceso a los archivos militares, policiales y de inteligencia, la alta
intromisión de los poderes políticos, y la insalvable distancia entre los crímenes cometidos y las
condenas judiciales aplicadas.